Nicaragua se mantenía a la expectativa del inicio de un diálogo nacional para resolver las demandas surgidas de la violenta ola de protestas que dejaron al menos 34 muertos, sin que hasta el momento se defina una fecha o agenda de las conversaciones.
El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, quien el martes pasado aceptó participar como mediador de las conversaciones, aclaró este jueves que su papel será de "acercar a las partes" y que no le corresponde convocarlas o definir la agenda.
"Todavía no hemos definido (detalles), pienso que el gobierno tendrá que convocar, él nos hizo la invitación a participar en este diálogo", dijo Brenes a periodistas.
El presidente Daniel Ortega pidió a Brenes, como presidente de la Conferencia Episcopal, participar de las conversaciones que para la sociedad civil deben sentar las bases de un acuerdo para democratizar el país.
Sin embargo, su administración no ha dado detalles sobre cuándo se efectuaría la conversación ni la agenda que abordaría.
La vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, tampoco aclaró la situación en su conferencia de prensa diaria para medios oficiales, en la que se refirió al diálogo.
"Estamos dedicados plenamente a la construcción del diálogo y al fomento de la esperanza, de la tranquilidad, la normalidad y la paz", dijo Murillo, sin entrar en más detalles.
El principal líder empresarial de Nicaragua, José Aguerri, dijo el martes a la AFP que esperaba una convocatoria de la Conferencia Episcopal para participar de las conversaciones.
Insistió en que el diálogo debe conducir a una democratización del país, con la recuperación de la credibilidad del sistema electoral y garantías de participación política.
Pese a la indefinición, el cardenal consideró que "se ha ido limpiando el ambiente" para iniciar las conversaciones, con la liberación de presos por las manifestaciones y el fin de la censura a las televisoras que estuvieron bloqueadas por transmitir las protestas.
Al mismo tiempo, desde el lunes pasado se han celebrado varias manifestaciones en el país sin sufrir la represión policial como ocurrió la semana pasada, cuando estudiantes tomaron las calles para protestar contra una reforma a la seguridad social.
"Lo importante es comenzar. Como obispo soy hombre de esperanza y creo en el diálogo, sabemos que es difícil y riesgoso, pero aceptamos el riesgo (de mediación) por amor a Nicaragua", sostuvo el prelado.
Entre tanto, organismos de derechos humanos presentaron este jueves una demanda ante la fiscalía contra el presidente Ortega y sus allegados por al menos 34 muertos y cientos de heridos y desaparecidos durante las manifestaciones de protesta.
- Marchas pacíficas -
Después de los mortales choques con la policía de la semana pasada, los nicaragüenses volvieron a las calles esta semana con marchas y vigilias para exigir justicia por las víctimas de la violencia, poniendo de relieve el hartazgo de la población con lo que consideran tendencias autoritarias de Ortega.
Centenares de personas, en su mayoría jóvenes vestidos de negro portando velas y banderas de Nicaragua, se congregaron la noche del miércoles en Managua para exigir una investigación y pedir justicia por las víctimas, sin que se registraran incidentes.
"Estos jóvenes lograron algo que las generaciones mayores no pudimos, que es perderle el miedo a Daniel Ortega y a Rosario Murillo", dijo a la AFP en la manifestación Francisco Fonseca, un comerciante de 36 años.
- "Sin garantías no hay diálogo" -
La represión de las manifestaciones, que dejó a Managua y otras ciudades cubiertas de escombros, indignó al país y galvanizó a la población para exigir la salida de Ortega y Murillo.
El clima se aplacó luego de que el domingo Ortega revocara la reforma previsional que originó la ola de protestas desde el 18 de abril pasado e instara a un diálogo para resolver la crisis.
Pero para muchos de los jóvenes manifestantes, no hay condiciones para ese diálogo.
Jóvenes que marcharon la noche del miércoles advirtieron: "si no hay garantías no hay diálogo, porque nuestros muertos no negocian".
- Graves abusos -
La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, aseguró a la AFP que el gobierno incurrió en "una violación masiva de derechos humanos" durante las protestas, al denunciar la muerte de manifestantes, torturas a los detenidos, agresiones a periodistas, el cierre de medios de comunicación y daños a la propiedad.
Jóvenes que estuvieron presos relataron a AFP las palizas que sufrieron a manos de las autoridades durante su detención, tras ser liberados entre martes y miércoles con las cabezas rapadas, algunos sin zapatos y otros semidesnudos.
"Nos iban golpeando a todos en el estómago con patadas, puños (y) con el mismo garrote que usan ellos, nos daban en la cabeza", contó Marvin Guevara, un estudiante de 26 años.